Controversia en España por la nueva ley de aborto

El gobierno español inició hace poco más de una semana el proceso para legalizar el "aborto libre" hasta las 14 semanas de gestación, y para todas las mujeres a partir de los 16 años de edad.

Esta polémica iniciativa, que fue presentada ayer por la administración socialista a través del Ministerio de Igualdad, buscará despenalizar "en su totalidad" la práctica de la interrupción del embarazo en España, reglamentada en 1985. Y podría generar otro frente de tormenta con la Iglesia Católica.

"Ninguna mujer que se someta a un aborto podrá ser penada con cárcel", dijo ayer la ministra Bibiana Aído, como conclusión del informe que deberá ser aprobado hoy por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero antes de ser remitido al Parlamento. "Con esta propuesta les garantizamos a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo que puedan hacerlo con total libertad y seguridad jurídica dentro de plazos y supuestos bien definidos", aseguró la funcionaria, y destacó que la ley también estimulará "la prevención a través de la educación afectiva y sexual, y los métodos anticonceptivos".

Este proyecto, que fue impulsado por el gobierno hace 6 meses y debatido por un comité de expertos de reconocida trayectoria en favor del aborto, propone que la decisión en última instancia de la interrupción de un embarazo recaiga más sobre la mujer que sobre el médico involucrado, a diferencia de la ley vigente.

De esta manera, el aborto será "libre" en ese sentido hasta la decimocuarta semana de gestación, aunque se prevé que exista un "período de reflexión" de 3 días para que la mujer considere la posibilidad de cambiar de opinión y seguir adelante con su embarazo. El plazo para abortar se mantendrá hasta las 22 semanas de embarazo en el caso de malformación en el feto, aunque el comité propuso postergar este límite hasta los últimos días de la gestación. La ley de 1985 también permite la interrupción hasta la duodécima semana si el embarazo es por causa de violación.

De aprobarse, la normativa obligará a los hospitales públicos a derivar a una unidad especializada a las mujeres que deseen abortar, con el fin de que el derecho de los médicos a la objeción de conciencia no conduzca a la embarazada a realizarse esta operación en una clínica privada.

Este último punto, junto con la posibilidad de que se autorice el embarazo a las jóvenes desde los 16 años y sin necesidad del consentimiento de sus padres, fue el más resistido por los sectores que se oponen a la despenalización total del aborto.

En este sentido, la agrupación Universitarios por la Conciencia Social (UCS) se manifestó ayer frente en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, donde se leyó un comunicado en el que se denunció "la pasividad de los políticos ante la vulneración de los derechos humanos", en especial de los "más indefensos". Los organizadores anunciaron el lanzamiento de una campaña antiabortista con carteles gigantes colocados sobre los laterales de los colectivos. "¿Por qué tú puedes nacer y yo no? Todos somos iguales. Aborto no", se leerá en esa propaganda.

Blanco calificó la práctica del aborto como "una violencia estructural y machista contra la mujer embarazada". Por el momento el aborto en España está despenalizado sólo en tres supuestos: violación (hasta las 12 semanas), malformación fetal (hasta las 22) y grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre (sin plazo). Una ley de plazos implicaría que la mujer pudiera abortar sin acogerse a ninguno de estos tres supuestos hasta una determinada semana de gestación. Algo que, para algunos sectores, chocaría con la Constitución porque, aseguran, los derechos de la mujer prevalecerían sobre los que, teóricamente, tienen los no nacidos.